Cámara de Diputados aprobó en general proyecto “Ley de Pago a 30 Días” a Pymes Proveedoras

Luego de dos días de sesión y en presencia del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente y del Subsecretario de la Cartera, Ignacio Guerrero, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y en general el proyecto de Ley de Pago a 30 Días (BOLETÍN 10785), que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las Micro y Pequeñas empresas.

 

El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente, valoró la contundente votación de 132 votos a favor en la Cámara de Diputados obtenida el jueves 2 de agosto, enfatizando que es prioridad del Gobierno “emparejar la cancha” y dar mayores certezas a las Pymes y Emprendedores, con el fin de que tengan mejor acceso a financiamiento, disponibilidad de su capital de trabajo y más posibilidades de desarrollo y competitividad.

En la misma línea, el Secretario de Estado al finalizar la votación afirmó que “el Presidente Sebastián Piñera prometió a los chilenos que llegaríamos a acuerdos más allá de nuestra coalición y eso es lo que hemos logrado hoy. Hemos tenido una votación unánime para pasar este proyecto y que pueda convertirse en ley”.

A la vez el Ministro Valente agregó que “este un gran paso y esperamos que se transforme en ley, lo más rápido posible para dar a nuestras Pymes la certeza que necesitan, pero también la dignidad de su trabajo”.

Las indicaciones que deberán ser revisadas por las comisiones incluyen una reducción gradual del plazo de pago de las facturas de 60 a 30 días en un plazo de tres años y la disminución a un año en el plazo de entrega del estudio, que el Servicio de Impuestos Internos deberá hacer para evaluar la viabilidad del uso del IVA Crédito para fomentar el pago a pymes y emprendedores.

Desde las Pymes

Roberto Rojas, presidente de Conupia expresó que “los esfuerzos que han hecho los gremios a nivel nacional, han fructificado porque hemos podido poner en el centro de la discusión, de la agenda pública y particularmente del parlamento, el tema del pago a 30 días que va acompañado de otras medidas para poder dar gestión a la ley”.

En el mismo contexto, Rodrigo Bon, director ejecutivo de PROPYME, indicó que “la aprobación en general del proyecto es un tremendo avance. Las diferencias entre el Gobierno, las Pymes y el Congreso van disminuyendo y vamos concordando que el actual escenario es una gran oportunidad, no sólo para las Pymes sino que para el país. No nos podemos farrear este proyecto y hay que trabajar sin protagonismos para pagar una deuda histórica hacia nuestro sector”.

Por su parte, Juan Araya, Presidente de Conapyme, fue categórico en decir que es una necesidad que el proyecto se transforme en ley “nosotros vamos a apoyar este proyecto. Hemos estado en todas las discusiones, no sólo de este gobierno, porque este proyecto fue pura música en gobiernos anteriores, donde nos tramitaron. Yo creo que este proyecto es un gran paso”.

La presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), Alejandra Mustakis, expresó que “estamos muy contentos y positivos con el hecho que se hayan dado cuenta y que el gobierno haya hecho cambios en función de que las Pymes estén mejor. Llegar al plazo de 30 días, que estemos revisando lo del IVA crédito, nos hace apoyar con todo este proyecto”.

Para el presidente de Asexma, Roberto Fantuzzi, es fundamental que el proyecto sea aprobado en el Parlamento, manifestando que “un aplauso cerrado sobre el proyecto de Ley. Es una iniciativa que se está generando hace tres o cuatro años y que hoy día que se concrete es fundamental. No va a ser completamente perfecta y de alguna manera puede que no cubra todas las necesidades que todos tenemos, pero es una buena iniciativa y hay que apoyarla”.

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, explicó de cara al proyecto que “debemos eliminar la posibilidad de pactar plazos mayores. De otro modo, los compradores impondrán a los proveedores condiciones de plazo más largos, y dejaríamos en manos del que tiene el poder de negociación el que pacte plazos distintos a los que están en la ley”.

Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, reconoce que el Gobierno avanzó favorablemente en algunos aspectos, pero de cara al plazo ofrecido para llegar a los 30 días indicó que “es un error político que esta ley empiece a regir con lo que ofrecimos, que son los 30 días, recién en el umbral del próximo gobierno, lo ideal es que el plazo máximo sea de dos años”.

Reparos de los Diputados en el debate

La propuesta legal, hasta entonces conocida como “Pago Oportuno”, fue analizada por los Diputados en dos sesiones de Sala, donde los parlamentarios dejaron de manifiesto su interés por avanzar en el tema y en resolver las trabas que presentan las Pymes para desarrollarse. Durante el debate los legisladores expusieron algunos reparos al actual texto que apuntaron a tres grandes áreas:

  1. Dejar un plazo fijo general de 30 días para el pago de las facturas. La norma propuesta hasta ahora por la Comisión de Economía contempla esta norma solo para el sector primario, dejando al régimen general un periodo de 60 días.
  2. Eliminar cualquier resquicio subjetivo que permita a las grandes empresas extender el plazo fijado para los pagos de sus deberes.
  3. Ver la factibilidad técnica de otorgar a los contribuyentes el derecho a crédito fiscal del IVA en el período tributario en que el contribuyente pague el total del monto señalado en la factura.

Respondiendo a dichas observaciones, el Ministro de Economía, José Ramón Valente, anunció la presentación de un conjunto de indicaciones que pasarán a ser analizadas en la comisión técnica y que se verán reflejadas en el segundo informe de este proyecto que elabore el grupo parlamentario.

 

Entre las modificaciones se presentan los siguientes puntos:

  1. Modificar el nombre del proyecto remarcando el carácter del pago a 30 días.
  2. Establecer que la obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura deberá ser cumplida en el plazo máximo de 30 días, contados desde la recepción de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, se establece un periodo de transición: durante los 18 primeros meses de vigencia de la ley, el plazo será de 60 días; en los siguientes 18 meses, será de 45 días.
  3. Se ahonda en la excepcionalidad para celebrar acuerdos entre las partes que permitan exceder el plazo referido anteriormente. No producirán efecto alguno en este contrato las cláusulas o estipulaciones que intenten demorar indebidamente el pago de la factura al vendedor o prestador del servicio (se explicitan casos particulares).
  4. Definir que en las contrataciones de montos inferiores al límite fijado por la Ley de compras públicas y en su reglamento, que hayan sido celebradas por medios electrónicos, se podrá efectuar el pago en forma previa a la recepción conforme del producto, manteniendo el respectivo organismo público contratante su derecho de retracto, así como los demás derechos y deberes del consumidor.
  5. Reducir de 24 a doce los meses el plazo máximo que tendrá el Servicio de Impuestos Internos para presentar a las Comisiones de Economía de la Cámara de Diputados y del Senado, un informe que analice la factibilidad técnica de otorgar a los contribuyentes el derecho a crédito fiscal del IVA en el período tributario en que el contribuyente pague el total del monto señalado en la factura.

Otros alcances de la propuesta

Además de la definición de plazos acotados y de condiciones para los contratos entre las partes, el proyecto determina ciertos efectos para quienes no cumplen con la normativa.

Si el pago no se realiza en los plazos definidos, se entenderá que el deudor ha incurrido en mora, devengándose, desde el primer día de mora o simple retardo y hasta la fecha del pago efectivo, un interés igual al interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional de más de 90 días, por montos superiores al equivalente a 200UF e inferiores o iguales al equivalente de 5.000UF. En el caso de los órganos del Estado, este interés será pagado con cargo a sus respectivos presupuestos.

Respecto de los contratos de suministro y prestación de servicios que se celebren por los organismos públicos, los pagos a sus proveedores deberán efectuarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto.

Para el cumplimiento de esta norma se establecen variadas responsabilidades e, incluso, sanciones para los funcionarios que la incumplan. La iniciativa también contempla la obligación de contar con una guía de despacho en formato electrónico y permitir la emisión de una versión en papel para los contribuyentes que no importen ventas por vía electrónica; prohibir la realización de notas de crédito transcurridos ocho días desde la emisión de una factura; y abre la opción de que las partes pueden realizar una “retroventa” (comprador emitirá una factura de venta al vendedor original por la devolución de mercaderías).

Si bien los parlamentarios aprobaron el proyecto en general. Ahora deberán revisar las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo en las comisiones de Economía y Hacienda, para luego pasar a la votación en particular en la Sala.

 

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