Las propuestas de Defensa Deudores para afrontar la crisis económica

Ricardo Ibáñez, socio fundador de Defensa Deudores, plantea medidas adicionales que el ejecutivo podría implementar para apoyar más a las Pymes, como no ingresar a los morosos a DICOM, durante 3 meses. Además, llama a las Pymes a no caer en el pánico, sino que a informarse bien, evaluar, planificar y tomar decisiones estratégicas. También invita a la banca a ser más solidaria con el ecosistema.

Miles han sido las consultas que han recibido las y los abogados del Grupo Defensa en estos últimos meses. Primero por las consecuencias económicas derivadas de la crisis social y ahora por la emergencia sanitaria, provocada por el coronavirus.

Relata que lo han llamado Pymes de los más variados rubros. “Algunas en la más absoluta desesperanza como son aquellas empresas vinculadas a la alimentación, restaurantes, diversión y turismo. Algunas se hallan en circunstancias muy complejas ante la cuarentena general, que podrían ir extendiéndose a más territorios y que pertenecen a aquellos rubros dedicados a la agricultura, a la construcción, a la importación y ventas de servicios. Ni hablar de transportistas menores, colectiveros, taxistas, empresas de flete, mudanzas. O los mismos furgones escolares, que con el anuncio del Ministerio de Educación de prolongar la suspensión de clases presenciales por todo abril, ya hay apoderados que están cancelando las suscripciones de los servicios mensuales que tenían contratado. Asimismo, hemos visto empresas de menos tamaño, vinculadas al área de la educación, como escuelas diferenciales, jardines infantiles, after school, pequeños colegios particulares pagados, que ven como los apoderados, están cuestionando o están pidiendo la postergación de los pagos de la colegiatura de sus niños, teniendo estas instituciones, obligaciones mensuales con bancos, acreedores y, sobre todo, con sus profesores y todos sus trabajadores”, detalla el profesional.

El fundador de Defensa Deudores explica que “las principales consultas que hemos recibido son, por ejemplo, la aplicación de la causal del artículo 159, número 6 del Código del Trabajo, para efecto de proceder un despido por fuerza mayor. Por otra parte, cuáles son los requisitos que tiene una empresa para reorganizarse judicialmente. O bien, qué sucede en aquellos casos que se pide la quiebra de la empresa y el dueño es aval como persona natural de alguna obligación de ésta. Principalmente, plantean preguntas relacionados a estos 3 grandes temas”.

El abogado y socio fundador del Grupo Defensa, Ricardo Ibáñez, nos dice sin anestesia que proyectan “que más de cien mil las empresas se verán afectadas gravemente por la recesión que estamos viviendo. Eso se podría traducir en 20 mil empresas, que presentarían su solicitud de liquidación, es decir, su quiebra voluntaria, durante el 2020”.

No obstante este desolador panorama, el profesional insta a no caer presos del miedo, porque eso nos inmovilizará. En esta línea, destaca que “en el 2014, se implementó la ley de insolvencia y reemprendimiento, que viene a solucionar la problemática que afecta a numerosas empresas. Antes las personas tenían que estar escondiéndose producto de la cesión de pago, incluso, podían ver arriesgada su libertad personal, por el no pago de cheques y de sus obligaciones. Hoy al existir la liquidación voluntaria, está la posibilidad de que las empresas cierren de forma ordenada”.

Medidas adicionales al Plan de Emergencia Económica

El pasado 19 de marzo, el Presidente Piñera presentó al país una serie de medidas para apoyar a las familias y a las Mipymes.

El abogado expresa que “por supuesto, las valoramos positivamente. Pero esperábamos más medidas, básicamente en relación con el otorgamiento de nuevos plazos para pagos de los acreedores de las Pymes. Se habló de bancos y de créditos hipotecarios, pero la Pyme debe pagar créditos operativos, leasing, arriendos, cumplir con las leyes sociales que son una tremenda carga, respecto del pago de la remuneración de sus trabajadores. En otros países, con legislación más avanzada que la nuestra y con mayor cultura hacia el emprendimiento, han optado por la subvención gubernamental, para el cumplimiento de las leyes sociales de los trabajadores, en el 100% de las empresas que tienen menos de 50 trabajadores y en un 75% en las empresas que operan con más empleados”.

Por otra parte, expresa que “hemos visto que el plan está orientado a apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la Pyme es proveedora de grandes empresas. En consecuencia, si no hay salvataje para las grandes empresas, el efecto dominó golpeará más fuertemente a las más pequeñas”.

Enfatiza que “hay una propuesta que hemos levantado y que cuesta muy poco implementar. Se trata de que las morosidades que las Pymes contraigan, durante marzo, abril y mayo, no fuesen informadas al DICOM, porque cuando estas empresas traten de levantarse, una vez superada la emergencia, estarán excluidas del sistema financiero y, por ende, no tendrán acceso a un financiamiento formal”.

Igualmente, Ricardo Ibáñez, en múltiples frentes y medios de comunicación ha subrayado la importancia de incorporar una modificación a la Ley 20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento, consistente en bajar costos, que significan una barrera para participar en el proceso de reorganización.

El abogado explica que “hoy el procedimiento de reorganización, si bien puede salvar aquellas empresas que sean económicamente viables, resulta muy engorroso para las Pymes, porque representan numerosos costos. Deben pagar un auditor, un veedor, un abogado. En consecuencia, se ponen muchas barreras de entrada a las Pymes, porque son costos absolutamente fuera de sus presupuestos”.

Debido a lo anterior, el profesional plantea que “hoy día en que se están promoviendo algunas modificaciones legales en favor de las Mipymes, proponemos que las barreras de entrada a la reorganización de las Pymes sean bajadas, con el fin de que sean miles las que puedan participar en este procedimiento y no se vean obligadas a cerrar sus negocios informalmente”.

Ricardo Ibáñez, igualmente, manifiesta que la ayuda que están dando los bancos a las Mipymes es insuficiente. “Postergar el pago de los créditos hipotecarios significa un impacto menor, por cuanto la mayoría de las Pymes no son dueñas de los bienes raíces donde operan. Lo que necesitan son la prórroga de los créditos operativos, que presten más capital de trabajo, que posterguen el pago de los leasings y de las leyes sociales”, precisa.

Referente a la demanda de algunos sectores por suspender el pago de los servicios básicos, el abogado contesta que “a mi parecer, es muy apresurado hablar sobre no cancelar las cuentas de suministro de agua, electricidad, gas, telefonía, internet. Creo que debe operar cuando las Pymes bajen sus cortinas y los trabajadores dejen de recibir sus sueldos. Debe ser planteado dentro de un marco general de ayuda, con el objeto de que se brinden soluciones efectivas”.

Consejos para optimizar los recursos

Sobre qué debemos aprender las Pymes y la ciudadanía de lo que hoy estamos viviendo, el profesional responde que “tenemos que aprender que la liquidez es fundamental para que una crisis como esta nos sorprenda en mejores condiciones. El gran problema es que hoy día las Pymes tienen grandes proyectos pero no flujo de caja. Es un principio económico muy básico. Lo que hace quebrar una empresa es la falta de liquidez, mas no tener un balance que arroje utilidades”.

Ricardo Ibáñez nos comparte recomendaciones sobre cómo aprovechar mejor los recursos que hoy tenemos. “Primero debemos privilegiar aquellos pagos que tienen garantías asociadas como son el caso de los créditos hipotecarios y de automotriz. Segundo, informarse muy bien. Hay que entender que hoy contamos con la Ley 20.720, que establece herramientas de renegociación de deudas para personas y de reorganización para empresas. Tercero, tomar decisiones en forma planificada y estratégica”, especifica.

Llama a no caer en el pánico. “Hay tiempo para reflexionar, organizarse y buscar salidas de manera inteligente al sobreendeudamiento y de falta de recursos, que están afectando a miles de empresas del país”.

Referente a que hoy se necesita más que nunca una postura de generosidad para hacer frente a la crisis, Ricardo Ibáñez aclara que “la solidaridad tiene que venir hoy de la banca, que durante años ha ganado bastante dinero a costa de los intereses cobrados a los clientes. De nuestros parlamentarios, que deben dejar de lado sus mezquindades políticas y legislar por el bien común. Por supuesto, de nosotros, los ciudadanos, que debemos entender que unidos podremos afrontar esta emergencia, que afecta sin distinguir color político, edad, género ni clase social. La solidaridad debe demostrarse transversalmente”.

Por último, invitó a las personas a consultar sus dudas en sitio web www.defensadeudores.cl. “Hoy día nuestra plataforma está absolutamente adecuada para realizar consultas en línea, incluso, sostener videollamadas con nuestros abogados a lo largo del país, para que la gente no tenga que desplazarse”.

Por PROPYME